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Restitución Internacional de Menores en Colombia: Guía Completa con la Ley 2524 de 2025

14 mar 2025
10 min de lectura

Actualizado: 3 oct


Restitución internacional de menores en Colombia


¿Un niño o niña fue llevado al extranjero sin su autorización o retenido fuera de Colombia sin consentimiento del otro progenitor? La restitución internacional de menores en Colombia es el mecanismo legal para garantizar su regreso inmediato. Con la entrada en vigor de la Ley 2524 de 2025, el país da un paso decisivo: un procedimiento especial, ágil y con plazos perentorios que reemplaza la lentitud histórica de este trámite. Esta guía explica quiénes pueden actuar, cómo funciona el proceso paso a paso, qué excepciones existen y cuándo es indispensable contar con representación jurídica especializada.



¿Qué es la Restitución Internacional de Menores y cuál es su marco legal en Colombia?

La restitución internacional de menores es el procedimiento jurídico mediante el cual se solicita el retorno de un niño, niña o adolescente (NNA) menor de 16 años que ha sido trasladado ilícitamente a otro país o retenido fuera de su país de residencia habitual sin autorización de quien ostenta la custodia o la patria potestad compartida. Este proceso no es un juicio de custodia: su único propósito es devolver al menor a su lugar de residencia habitual para que sean los jueces de ese país quienes decidan sobre la guarda definitiva.


El marco normativo vigente se compone de tres pilares:

  • Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ratificado por Colombia mediante la Ley 173 de 1994.

  • Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (Convención de Montevideo).

  • Ley 2524 de 2025, en vigor desde el 4 de agosto de 2025, que establece el procedimiento especial administrativo y judicial para la aplicación efectiva de estos convenios en Colombia.


Adicionalmente, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), modificada por la Ley 1878 de 2018, sigue siendo el referente para las medidas de restablecimiento de derechos que el Defensor de Familia puede adoptar en el marco del proceso administrativo.


¿Qué es un traslado ilegal?

Ocurre cuando un menor es llevado a otro país sin la autorización legal del progenitor o tutor que tiene la custodia o sin el aval de la autoridad competente.

🔹 Ejemplo: Un padre lleva a su hijo desde Colombia a España sin el consentimiento de la madre, quien tiene la custodia.

🔹 Características:

  • El menor es sacado del país de residencia habitual.

  • No existe autorización del progenitor con la custodia o del tribunal competente.

  • Se configura como ilegal desde el momento del traslado.


¿Qué es una retención ilegal?

Se presenta cuando el menor es retenido en otro país más allá del tiempo permitido o acordado, vulnerando el derecho de custodia o visitas del otro progenitor.

🔹 Ejemplo: Una madre lleva a su hija a Estados Unidos con el consentimiento del padre para unas vacaciones de dos semanas, pero decide no regresar al país de residencia habitual después del tiempo autorizado por el padre.

🔹 Características:

  • El menor fue trasladado legalmente, pero la permanencia se vuelve ilícita.

  • Hay incumplimiento del acuerdo o autorización inicial.

  • Se configura como ilegal después del vencimiento del plazo acordado.


Cambios fundamentales que introduce la Ley 2524 de 2025

Antes de la Ley 2524 de 2025, Colombia carecía de un procedimiento propio y especializado. Los casos se tramitaban con normas generales, lo que generaba mora judicial, contradicción con otros procesos de custodia y falta de coordinación entre autoridades. La práctica mostraba que, a pesar del conocimiento sobre la necesidad de celeridad, la mora judicial, la etapa probatoria de excepciones, el enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar y la apertura paralela de acciones judiciales y administrativas impedían el retorno oportuno de los menores.


La nueva ley resuelve esos problemas con medidas concretas:

1. Proceso ejecutivo especial con términos perentorios La Ley 2524 crea un proceso ejecutivo especial con términos perentorios que buscan neutralizar la demora histórica. Los plazos son contados en días hábiles y de cumplimiento obligatorio para jueces y defensores de familia.

2. Prohibición expresa de decidir sobre custodia La Ley 2524 de 2025 establece expresamente la improcedencia de decisiones de fondo sobre custodia o patria potestad dentro de este trámite. El juez colombiano no tiene competencia para decidir quién es el padre más idóneo o con quién debe vivir el niño permanentemente. Si existe un proceso de custodia en curso en Colombia, debe suspenderse de inmediato. Cualquier decisión contraria será nula de pleno derecho.

3. Restricción taxativa de excepciones El juez rechazará sin sustanciar toda excepción que no esté consagrada en el convenio internacional. Esto impide que el sustractor dilate el proceso con argumentos no previstos en el tratado.

4. Nueva causal de denegación del retorno por violencia No se ordenará retorno cuando el solicitante haya sido condenado por violencia intrafamiliar o delitos sexuales, o tenga una investigación en curso por estos delitos.

5. Juez de enlace con la Red de La Haya El funcionario judicial de Colombia que integrará la red de jueces internacionales de La Haya se elegirá conforme al Acuerdo número 7682 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, con un período de cuatro años y posibilidad de reelección.


Requisitos para la restitución internacional de menores:

  1. El menor tenga menos de 16 años de edad.

  2. Exista un ejercicio individual o compartido del derecho de custodia. 

  3. La residencia habitual del menor retenido sea la del país requirente.

  4. El menor retenido se encuentre efectivamente en el país requerido

  5. La Autoridad Central del país donde se encuentra el menor retenido agote la etapa de restitución voluntaria. En Colombia es el ICBF. 

  6. La solicitud de restitución se haya presentado dentro del año siguiente a la retención 

  7. No se configure ninguna de las causales de excepción previstas en el Convenio.


Causales de excepción:

Si se demuestra que existe alguna de las siguientes causales, la autoridad competente NO ordenará la restitución internacional del menor:

  1. Se demuestra que el niño se ha integrado en su nuevo medio social y familiar (interés superior del niño). Para invocar esta causal debe haber transcurrido al menos 1 año desde el traslado o retención ilícita.

  2. El solicitante no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido.

  3. La persona consintió o posteriormente aceptó el traslado o retención.

  4. Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.

  5. Se comprueba que el niño se opone a la restitución. Esto, cuando ha alcanzado una edad y un grado de madurez que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.


El proceso de restitución internacional paso a paso

Fase 1 — Etapa Administrativa ante el ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como Autoridad Central, analizará y verificará el cumplimiento de los documentos y requisitos exigidos para la ejecución del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.


Cuando Colombia es el país requerido (el menor está aquí y fue traído ilegalmente), el trámite inicia ante el ICBF y luego ante el Defensor o Comisario de Familia. Un defensor o comisario de familia intentará, en un plazo máximo de cinco días, una entrevista de persuasión con la persona presuntamente responsable, con el fin de lograr el retorno voluntario.


Los documentos que debe aportar el solicitante incluyen, entre otros:

  • Formulario Haya debidamente diligenciado.

  • Escrito de motivación detallando las razones de la solicitud.

  • Copia auténtica del registro de nacimiento del menor.

  • Datos de ubicación y contacto (teléfonos, dirección, familiares) que faciliten la localización.

La Autoridad Central tomará las medidas urgentes para lograr la ubicación y localización del menor y oficiará a Migración Colombia sobre el impedimento de salida del país.


Fase 2 — Etapa Judicial ante el Juez de Familia

Si no se logra el retorno voluntario, el caso pasa al juez de familia o promiscuo de familia del lugar donde se encuentre el menor. Una vez el juez recibe el caso, tiene un plazo máximo de tres días para emitir el "mandamiento de restitución", en el que se ordena el retorno del niño, niña o adolescente menor de 16 años a su país de residencia habitual.


El juez requiere mediante el procedimiento más expedito a la persona a la que se le endilga la sustracción para que, dentro del plazo de tres días contados a partir del mandamiento, comparezca y manifieste si accede o se opone al retorno, en cuyo caso solo podrá alegar las excepciones establecidas en el convenio internacional.


La audiencia de fallo debe celebrarse en un plazo máximo de diez días, y la decisión se dicta en la misma sesión, salvo casos excepcionales. Las impugnaciones se presentan verbalmente y se tramitan en efecto suspensivo ante el Tribunal Superior, que debe resolver en diez días.


Resumen de plazos del proceso judicial (Ley 2524 de 2025)

Actuación

Plazo

Emisión del mandamiento de restitución

3 días hábiles desde recibo del expediente

Traslado al sustractor para oponerse o allanarse

3 días hábiles desde el mandamiento

Audiencia de fallo

Dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del traslado

Plazo máximo total hasta fallo

10 días hábiles

Resolución de impugnación por Tribunal Superior

10 días hábiles

Excepciones al retorno: cuándo puede negarse la restitución


El Convenio de La Haya de 1980, aplicado a través de la Ley 2524 de 2025, contempla causales taxativas por las que el juez puede negar el retorno. Estas son: cuando la restitución exponga al menor a un grave peligro físico o psíquico; cuando el menor se opone con motivos fundados y su edad y madurez justifican tomar en cuenta su opinión; cuando solo se considera si la solicitud se presenta después de un año del traslado o retención ilícita; cuando quien reclama no ejercía efectivamente el derecho de custodia o había consentido el traslado; y cuando en el Estado requirente se desconocen los principios fundamentales de protección de derechos humanos.


La Ley 2524 de 2025 agrega una causal autónoma de protección con enfoque de género y niñez: no se ordenará retorno cuando el solicitante haya sido condenado por violencia intrafamiliar o delitos sexuales, o tenga una investigación en curso por estos delitos.


Es fundamental destacar que, si el juez niega la restitución, puede establecer un régimen de visitas provisional, sin que ello implique aceptar la permanencia definitiva del menor en Colombia.


Cuando Colombia es el país requirente: cómo recuperar a un menor llevado al extranjero


Cuando el niño, niña o adolescente menor de 16 años haya sido trasladado o retenido de manera ilícita desde Colombia a un país parte de los Convenios Internacionales, la solicitud podrá incoarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien como Autoridad Central adelantará las acciones correspondientes ante el país requerido, con sujeción a los procedimientos que se tengan allí establecidos.


El ICBF deberá remitir la solicitud a la Autoridad Central del país requerido una vez reúna los documentos exigidos, en el término de 15 días. En la práctica, la asistencia de un abogado especializado desde el inicio es determinante para que la solicitud no sea devuelta por inconsistencias documentales y para coordinar la estrategia con el abogado del país de destino.


Principios orientadores de la restitución internacional de menores en Colombia


El texto de la Ley 2524 se erige sobre principios rectores como el interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, la celeridad, la exclusividad del procedimiento, la gratuidad, la mediación, la cooperación y la buena fe. La gratuidad es especialmente relevante: el proceso administrativo ante el ICBF no genera costos para el solicitante.



Preguntas frecuentes sobre la restitución internacional de menores en Colombia:


¿Cuánto tiempo tengo para solicitar la restitución de mi hijo llevado al extranjero?

Aunque el Convenio de La Haya no establece un plazo de caducidad para presentar la solicitud, sí existe una consecuencia procesal importante: si la solicitud se presenta después de un año desde el traslado o retención ilícita, el juez del país requerido puede valorar si el menor ya se ha integrado a su nuevo entorno, lo que puede llevar a denegar el retorno. Por eso, actuar con la mayor celeridad posible es esencial. Si sospecha que su hijo será llevado al exterior sin su consentimiento, contacte de inmediato a un abogado de familia para solicitar medidas cautelares de impedimento de salida del país.


No. Este es uno de los errores más frecuentes. La restitución internacional es exclusivamente un mecanismo para devolver al menor a su país de residencia habitual. La Ley 2524 de 2025 es categórica: el juez colombiano no puede pronunciarse sobre la idoneidad parental ni sobre la custodia definitiva dentro de este trámite. Si hay un proceso de custodia abierto en Colombia al momento de la solicitud, debe suspenderse de forma inmediata.

La Ley 2524 de 2025 introdujo una causal expresa de protección: si el solicitante de la restitución tiene condena ejecutoriada o una investigación en curso por violencia intrafamiliar o delitos sexuales, el juez no podrá ordenar el retorno. Adicionalmente, se puede invocar la excepción del Convenio de La Haya relativa al grave riesgo físico o psíquico para el menor. En estos casos, la asesoría legal especializada es fundamental para documentar correctamente la situación.



Sí. La Ley 2524 de 2025 admite la posibilidad de acudir directamente ante el juez de familia sin intervención de la Autoridad Central, aunque en la práctica se recomienda la ruta administrativa para contar con el apoyo institucional del ICBF, especialmente en los casos donde Colombia es el país requerido y se necesita localizar al menor.

La fase administrativa ante el ICBF es gratuita. El proceso judicial también está exento de costos judiciales para el solicitante. Sin embargo, contratar un abogado especializado en derecho de familia internacional tiene un costo que varía según la complejidad del caso, y en muchas situaciones resulta determinante para el éxito de la solicitud.

Según indica el artículo 26 del Convenio de la Haya de 1980, las autoridades judiciales o administrativas que correspondan "podrán disponer, dado el caso, que la persona que traslado o que retuvo al menor o que impidió el ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que haya incurrido el solicitante o en que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos de viajes, las costas de representación judicial del solicitante y los gastos de la restitución del menor."


Y complementariamente, la Convención Interamericana Sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 indica en su artículo 13 que "[...] Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que este careciere de recursos económicos, las autoridades del Estado requirente podrán facilitar los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir los mismos contra quien resultare responsable del desplazamiento o retención ilegal."


En conclusión, sí es posible cobrar los gastos en que se incurrió para retornar al menor a su país de residencia habitual, a la persona que retuvo o trasladó ilegalmente al menor.



Recomendación final

Antes de iniciar el trámite, es clave contar con orientación jurídica especializada, ya que los procedimientos internacionales implican coordinación entre autoridades de diferentes países, y la prioridad siempre será garantizar el interés superior del menor.



📄 Accede aquí al texto completo de la Ley 2524 de 2025 por medio de la cual se establece el procedimiento especial administrativo y judicial para la restitución internacional:


¿Su hijo fue llevado al extranjero sin su autorización? Actúa hoy.

Escríbenos para asesorarte.





Publicado por: Daniela Carrasquilla Zuluaga, Abogada Especialista en Derecho de Familia, Magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana.


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